ALGUNOS PROBLEMAS DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

1. Las normas transitorias establecieron que quienes conforman la justicia de niñez y adolescencia sean los operadores del viejo sistema, quienes sin capacitación y formación adecuada se encuentran trabajando con una nueva ley aplicando viejas prácticas y concepciones;

2. La falta de medidas del conjunto de la institucionalidad pública para transformarse para la aplicación de la nueva legislación, ya que las normas de transición no establecieron de manera clara la forma, los plazos y los recursos que se requerían para esto;

3. La deficiente capacitación al conjunto de personas e instituciones involucradas en la aplicación de la ley, que ha provocado que se reproduzcan viejas prácticas en la aplicación del Código o, se incremente la resistencias derivadas del juzgamiento de la nueva ley con viejas concepciones ideológicas, que se mantienen aún en varios espacios, especialmente en la mayor parte de la formación universitaria;

4. La demora en la toma de decisiones claves, como por ejemplo la conformación del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el mismo que se produjo tras un largo y complejo proceso, que dio como resultado un Consejo dependiente de intereses de ciertos sectores (los más numerosos) que trabajan con la niñez y adolescencia, especialmente de los programas de atención de niños de menos de cinco años;

5. La no separación de la autoridad judicial que trata la fase inicial del juzgamiento de los adolescentes acusados de delitos y del juzgamiento de estos, impide que quien resuelve no haya tenido contacto previó con el caso y por tanto se afecta la imparcialidad del juzgamiento;

6. La insuficiencia de recursos del Estado para tomar las acciones necesarias para la implantación de la ley, o para desarrollar los programas y proyectos que se derivan de la misma;

7. Los limitados recursos humanos debidamente capacitados para acompañar el proceso de implantación de la Ley, esto se deriva del divorcio que existe entre la formación de los profesionales en las universidades y los nuevos contenidos normativos, en la mayor parte de centros universitarios se continúa enseñando conceptos, categorías y principios incompatibles con la doctrina de la protección integral;

8. Una cultura “reglamentarista” que ha hecho depender la aplicación de la ley a la existencia de un conjunto de normas de carácter secundario, debilitando de esta manera las reglas sobre aplicación directa de los derechos.

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